INTERVENCIÓN EN EL PARLAMENTO DE GASTEIZ EL 13 DE FEBRERO DEL 2017 A LAS 12,00
El Gobierno Vasco está asentado sobre un edificio, que era un Geriátrico para Gasteiz y la Academia de la Ertzaintza era un centro provincial para personas con distintas dependencias (especialmente enfermos mentales profundos). Hay por tanto en este Parlamento una deuda con Araba impagable. El Geriátrico de Arana fue (FASVA), Fundación Asistencial y Sanitaria de Vitoria y Araba, transferido al G.V. al inicio de Osakidetza, como Hospital General Ortiz de Zarate, luego Maternidad, posteriormente como Cuidados Paliativos junto a la Clínica Alava. Finalmente ha cumplido con dignidad la función de Centro Residencial, Centro Geriátrico y la parte trasera Centro Psicogeriátrico construido hace 21 años, el Edificio Noble (norte-sur) es de Conservación Estructural (edificio Catalogado como Protegido) y está ubicado en la zona este de la ciudad. La Diputación Foral de Araba, realizó en 2009-2010 un Plan Director para este Centro por sus arquitectos Javier Botella y Julio Herrero, con un coste de 145.000 € (24 millones antiguas pesetas).
La Diputación del PP en 2014, según la Señora Consejera Beatriz Artolazabal en una reunión con esta Iniciativa Social, ofreció devolver el edificio al G.V. y la respuesta de éste fue que ese edificio estaba adaptado para personas dependientes y por lo tanto era competencia de Diputación. El coste de dicho Plan Director sería de 24 millones de € y se podría hacer en tres fases de 8 millones de €.
La Ley de Servicios Sociales y Decreto de Cartera en el ámbito de la Dependencia ha entrado en vigor el 26 de diciembre del 2016, y el Derecho Subjetivo tiene un rango similar a la sanidad y a la educación, pero los 3 niveles institucionales no han cumplido en los Presupuestos del 2017 las obligaciones legales (aún faltaría el del G.V.).
El Gobierno Vasco y este Parlamento son o deben ser los garantes del cumplimiento de la Ley, atrasada por una parte 8 años desde la aprobación de la Ley en diciembre del 2008 y la del Estado en 2006.
Se ha promovido durante este período la iniciativa privada en menoscabo de la iniciativa pública, con la precarización de cerca de 5.000 trabajadoras y en unas condiciones no adecuadas para los 10.000 residentes de Bizkaia y otros casi 1.000 en Gasteiz, que han tenido que enfrentarse a las difíciles condiciones de los Convenios y Conciertos, que las Diputaciones de Bizkaia y Araba han impuesto a las empresas, a las trabajadoras y a las usuarias. Tampoco la Diputación de Gipuzkoa ha cambiado esta grave situación del sector.
Se han aprobado los Presupuestos del Ayuntamiento de Gasteiz y el de Diputación para el 2017 y en la comparecencia en el pleno del 30 de enero en el ayuntamiento, constatamos la situación de traspaso de competencias del SAD de Diputación en 1/3, es decir 8 millones de € de 24,325 millones de €. (Grado 1).
Por lo visto para todos los niveles institucionales es más urgente 17 millones de € para ampliar el Tranvía a Olarizu, o hacer el BRT, y también el TAV para soterrarlo a su paso por Gasteiz, incluso proyectos para ampliar el campo de fútbol del Alavés, etc, etc…
La Diputación no ha cumplido el mandato de JJGG de Araba que por unanimidad acordaba, la ampliación de plazas a Gasteiz y que en su punto 3º decía el 24 de febrero del 2016: “Dicha planificación contemplará de forma prioritaria el aprovechamiento y ampliación en su caso, de recursos existentes y actualmente infrautilizados como es la Residencia de San Prudencio”. Los datos de Gasteiz de dependencia son alarmantes, 608 plazas menos de la pública, 290 menos del SAD, 253 menos de residencias públicas y 65 menos en familias con ayudas. (En 2016).
Hemos comparecido en ayuntamiento y JJGG, estuvimos con la antigua Diputada Beatriz Artolazabal, pusimos una enmienda a los Presupuestos del 2016, todo ello en octubre del 2015, y ahora hemos vuelto a ir a estas dos instancias institucionales para recordarles las obligaciones legales que no están cumpliendo.
En estos 16 meses que estamos funcionando como Iniciativa Social por la apertura del Geriátrico de Arana, hemos realizado 13 asambleas en otros tantos barrios de Gasteiz, otras dos en CSCM y hemos recogido 10.324 firmas en Gasteiz. De esta forma intentamos cambiar la mentalidad de la gente, que parte de una cultura de “caridad pública”, de voluntariado multiusos, de dependencia de las Parroquias de los barrios, alentados por el propio ayuntamiento con subvenciones a 4 de ellas, a la Ley del 3º Sector que ayuda a las Instituciones Públicas a seguir sin cumplir sus obligaciones legales. En estas asambleas de barrio estamos consiguiendo abrir el debate, sobre el “Derecho subjetivo”, sobre la eliminación de las nefastas “listas de espera”, y el apoyo que estamos consiguiendo es cada vez más grande, la gente ya no se va a dejar engañar tan fácilmente por los Servicios Municipales de Base.
El Informe del Ararteko por la insuficiencia económica de los Ayuntamientos y advertencia de no disminuir los recursos en la aplicación de la Ley en 2017, que en Gasteiz no se ha cumplido. ¿Qué le ocurre al señor Yosu Bergara de EUDEL?. Le han descubierto en ese organismo municipal, porque no ha contado la verdad, y ahora se revela contra el Ararteko, hablando de informe injusto, indefensión y perplejidad.
Dicen que en Gasteiz hay una lista de espera de 500 personas dependientes, pero ustedes acuerdan crear 60 plazas nuevas en S. Prudencio, ¿qué hacemos con las 440 restantes?. Pero además esos datos no valen, son muchísimas más las plazas que se necesitan, pero incluso si se hiciera el Geriátrico de Arana, no haríamos ni la mitad. En Gasteiz hay 49.194 mayores de 65 años, el 20% de personas dependientes serían 9.838 personas y entre la pública y la privada se atienden a 5.207 personas y ¿quién atiende a las 4.623 personas restantes dependientes?. En Bilbao 80.825 + de 65 y el 20% es 16.165, en Donostia 40.554+65 y el 20% 8.110, en Iruñea 53.197+65 y el 20% 10.639.
Desde el 1 de enero del 2017, EL DERECHO SUBJETIVO está en vigor, desaparecen las LISTA DE ESPERA Y es reclamable ante los tribunales. Pero ya está en marcha el cuello de botella, o debemos llamarlo embudo invertido, de los Servicios Sociales de Base y han variado las valoraciones de 1º, 2º y 3º grados, haciéndolo más riguroso. (En Araba se habló en JJGG de 4 meses para valoraciones).
La situación de las Residencias Privadas, a excepción de la de Ariznabarra y Clínica Alava adaptadas por Diputación de Araba con 6 millones € y 9 millones de € respectivamente, las demás no cumplen las condiciones de edificabilidad (ejemplo la Hermanitas de los Pobres, que necesitan 20 millones € para adaptarla), pero no olvidemos que están conveniadas o concertadas por la Diputación y que el ratio que debieran cumplir es de 0,36. No hablemos de las Viviendas Comunitarias 189 plazas. Total 935 plazas privadas.
Las Residencias Privadas de Bizkaia con 10.000 residentes y 5.000 trabajadoras, con ratios inferiores a 0,36 y los salarios de las trabajadoras entre el 40 y 60% más bajos. Es tremenda la irresponsabilidad de las Diputaciones de los tres territorios, pero la de Bizkaia se lleva la palma por las declaraciones a la prensa del Diputado General, que acusa a las trabajadoras de un conflicto cuyo responsable máximo es él y que se escuda en la empresa privada para no variar su actitud, que al no cumplir el Decreto de Cartera y ley de Servicios Sociales puede estar prevaricando.
El Presupuesto para 2017 del antiguo Consejero Sr. Toña, iba a ser de 1.101 millones de € y de 20 millones € del Fondo Extra del Consejo Vasco de Finanzas. Si ustedes no doblan el presupuesto, no se podrá cumplir la Ley y el Decreto de Cartera este año.
Asistimos el pasado 3 de febrero a JJGG como les hemos dicho, y nuestra sorpresa fue mayúscula cuando en la comparecencia de la Diputada Marian Olabarrieta, los Grupos Junteros le preguntaban sobre los términos del Convenio Marco de Cooperación entre Diputación Foral de Álava y el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la reordenación de competencias en materia de servicios sociales (lo desconocían). En la segunda pregunta, más grave todavía, le pedían explicaciones por la información remitida a los Ayuntamientos de Araba de la incapacidad del IFBS para presentar una propuesta de gestión y financiación de la Cartera de Prestaciones y Servicios a una semana vista de que finalice el plazo establecido para ello y qué riesgos y consecuencias puede tener para los ayuntamientos este incumplimiento. Abundando más en este asunto, otro Grupo Juntero, pide que se explique los motivos por los cuales aún no se ha informado sobre la forma en que se va a producir la delegación de competencias a los ayuntamientos del territorio. Recuerdan que el Decreto se ha firmado por Diputación el 26-12-2016, el día que entraba en vigor el Derecho Subjetivo.
El aplazamiento a 2019 del cumplimiento del Decreto de Cartera, y además no de las necesidades si no de la demanda que se produzca, es muy grave para un sector tan desprotegido como son las personas dependientes, y sólo se cubrirá el 85% de la demanda. Nosotras le hemos reclamado a las Instituciones de Diputación y ayuntamiento, que informen a la ciudadanía, a toda, de los derechos que tienen y del derecho subjetivo, pero también a ustedes los/las parlamentarias.
Hay otro aspecto que conviene resaltar, EUDEL ha aprobado por mayoría no asumir los recursos económicos que corresponderían a los ayuntamientos, con lo que dejamos en manos de Diputación la gestión, el personal y la base económica, por lo cual los ayuntamientos van perdiendo autonomía en beneficio de las Diputaciones, que podrán de esta manera condicionar las necesidades de los municipios de sus personas dependientes.
Hemos presentado una denuncia a Emakunde que luego la ha dirigido al Ararteko por afectar a las Instituciones Públicas, donde se denuncia la situación de las mujeres que atienden a sus familiares con ayuda económica y las de dependientes con el SAD, donde ellas llevan el peso de las demás horas de atención, en total 3.000 personas la mayoría mujeres que han tenido que abandonar sus empleos y otras muchas que tienen más de 65 años, todas ellas en Gasteiz. La base de esta denuncia partía del Dictamen 3/15 del CES de 27 de marzo del 2015.
También hemos acudido al TVCP, para denunciar el procedimiento para contratar la construcción de dos Residencias, una de 50 plazas para Psicogeriátrico en Lakua y otra para Geriátrico en Abetxuko para 100 plazas. Estas empresas cobran a Diputación por Lakua 750.000 €+IVA+30% de IPC anual por 40 años y por Abetxuko 1,79 millones €+IVA+30% IPC anual por 37,5 años. El pago a Diputación empezó con 2.555.000/año y ahora está en 3.100.000 €. El pago de la Diputación en todos estos años será de 85 millones de €.
También tenemos que abordar el “copago” o la “gratuidad” de los servicios de las personas dependientes, como en Sanidad y Educación tendrá que haber una base general gratuita (no regulada aún) y luego habrá servicios complementarios privados que serán o no subvencionados por las Instituciones Públicas. Actualmente la Cuenta de Resultados de las Empresas Privadas del “Negocio” de las Personas Dependientes, se sanean con clientes subvencionados desde lo Público y eso tiene que cambiar, para caminar hacia la asunción de forma mayoritaria de las dependientes de las Instituciones Públicas, u otra fórmula de equiparación de ratios y salarios con la Pública.
